Nueva crisis en el sistema de partidos

28 de Enero

Desde finales de los años sesentas se viene hablando en América Latina de la crisis de legitimidad de los partidos políticos como órganos de representación de los intereses ciudadanos, y de la necesidad de abrir nuevos espacios de participación de movimientos y organizaciones en la toma de decisiones. En una primera etapa la gran crítica al sistema de partidos giraría en torno al predominio de los regímenes bipartidistas que devenían en sistemas políticos cerrados y excluyentes. En respuesta a esta problemática y tras muchos años de esfuerzo se avanzaría en Colombia hacia una reforma del sistema electoral y de partidos, consagrada por la Constitución de 1991. La premisa fundamental de la Carta en materia electoral era avanzar hacia apertura del espectro político y de las posibilidades de participación de fuerzas políticas (partidos y movimientos) distintas a las tradicionales. Obedeciendo a estos principios, la constitución “incluyó normas que posibilitaban la formación de partidos políticos, el reconocimiento de su personería jurídica, la facultad para presentar o expedir avales a candidatos a los diversos cargos de elección popular y la afiliación de los ciudadanos a dichos partidos y movimientos (Artículos 107 al 111)” .

No obstante lo anterior, estas reformas al sistema electoral tendrían un efecto muy distinto al esperado, la creación de la circunscripción nacional para Senado, y el sistema de cociente electoral para la repartición de los escaños, pronto generarían una atomización y fragmentación de los partidos políticos, que devendría en un régimen multipartidista desordenado y conformado por múltiples microempresas electorales. Para las elecciones de 2002 Colombia ya contaba con más de 70 partidos políticos registrados.

En el año 2003 y ahora bajo la premisa de avanzar hacia el fortalecimiento de los partidos políticos y la reducción de estas microempresas electorales es aprobado por el Congreso el Acto Legislativo 01 de 2003, dentro de la cual se incluyen: la obligación de los partidos de presentar listas únicas a los cargos de elección popular, la implementación del sistema de Cifra Repartidora para la asignación de escaños (Sistema D´Hondt) y el Umbral electoral de 2% para Senado y 50% del cociente electoral para la Cámara.

Estos cambios en el régimen electoral han obligado a los partidos políticos pequeños a agruparse y a los partidos tradicionales a reorganizarse para garantizar su ingreso al parlamento. No obstante lo anterior, está reorganización ha tenido efectos perversos por venir acompañada de un problema mucho mayor:

Nuestro sistema político ha sido permeado y cooptado, como en ningún otro momento de la historia, por el narcotráfico y los actores del conflicto armado. Las últimas elecciones al Congreso de la República estuvieron marcadas por el fenómeno de la Parapolítica, y por la organización ya no de microempresas electorales sino de grandes conglomerados y organizaciones que combinaron muy bien el uso de las armas, el dinero y el poder político local para hacerse a una gran porción del Congreso de la República.

Las acciones judiciales adelantadas para combatir este fenómeno no han sido suficientes para frenarlo y a pesar de la salida de múltiples parlamentarios condenados por su relación con la mafia y los grupos armados, la conformación de las nuevas listas al Congreso de la República y más aún el reencauche de grupos políticos altamente implicados en la parapolítica –Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática- bajo las nuevas marcas PIN y ADN, hacen pensar que las elecciones de este año no serán muy distintas a las del año 2006.

Nuestro país necesita avanzar hacia un rediseño institucional mucho más profundo en materia electoral y de partidos, lograr un mayor control y sanción en el manejo indebido de recursos para las campañas políticas y generar un mejor sistema de financiación de los partidos políticos. Debe además ajustar las normas electorales para impedir la mutación y reinvención de organizaciones que han demostrado tener vínculos con actividades ilícitas y exigir a los partidos mayores controles y responsabilidades en la conformación de sus listas.

Por ahora, decisiones como la tomada por el Consejo Nacional electoral el día de hoy de suspender provisionalmente la personería jurídica del partido ADN y por ende impedir la presentación de las listas de este partido a las próximas elecciones, alivian en alguna medida la preocupación por lo que será la jornada electoral del próximo 14 de Marzo, y permiten pensar que es posible superar la nueva crisis de legitimidad y credibilidad que enfrentan actualmente los partidos políticos.